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Francisco Capella

ERRORES

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Errores

Mayo 2006

Jordi Garcia-Petit, académico numerario de la Real Academia de Doctores, La alarma social pendiente, El País.

No será por falta de conocimiento y de información. Llevamos décadas de informes científicos, de declaraciones de personalidades, de noticias de portada y de reportajes minuciosos sobre el estado de deterioro progresivo de los ecosistemas y de avisos sobre el cambio climático. Ésta es la parte divulgada del problema. Habría que añadir los datos confidenciales de que disponen los dirigentes de algunos gobiernos y los directivos de determinadas empresas, sin olvidar las voces de denuncia que han sido acalladas por la censura o la amenaza.

La primera Conferencia Mundial sobre el Clima tuvo lugar ya en 1979, después de años de pública preparación. En 1988 fue creado el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) como agencia especializada de la ONU, que emite informes periódicos de solvencia indiscutible. Lo que dijeron los científicos se ha ido confirmando y en muchos casos es apreciable por el observador más indolente. Una generación ha estudiado en los manuales escolares los cambios que se están produciendo y sus causas comprobadas. Otra generación ha madurado en el poder político y en el económico asistiendo impasible al pillaje del planeta y al hundimiento anunciado de las bases materiales que sostienen a la humanidad y a las otras formas de vida.

Groenlandia se derrite, tituló con viveza un editorial este periódico en febrero pasado. Y también se derrite la Antártica y se funden los glaciares; los alpinos habrán desaparecido alrededor de 2050; los ibéricos no pasarán de 2020. El estruendo tremendo del rompimiento de los hielos es el grito angustiado de la Tierra. Pero ¡qué sordera! Como si nada inquietante estuviera ocurriendo.

El cambio climático es un desafío a la humanidad de primer orden, pero no es la única amenaza cierta y grave. Más de 1.300 expertos procedentes de 95 países han elaborado durante cuatro años bajo la égida de la ONU un informe monumental que hace aflorar el nivel de degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de los recursos, el avance de la desertización, la contaminación atmosférica, la fatídica bomba de relojería de los residuos radiactivos, el emponzoñamiento de tierras y aguas por los desechos químicos y por los vertederos… La conclusión de los expertos no puede ser más contundente: la capacidad de los ecosistemas para mantener a las generaciones venideras, y, probablemente, a parte de las actuales no está en absoluto asegurada.

Pasman la indiferencia de las sociedades ante semejante panorama, que la lucidez obliga a calificar de catastrófico, y las perspectivas de huida ciega hacia el desastre y el colapso. Estudiosos de la estupidez, como André Glucksmann y José Antonio Marina, no dudarían en catalogar tal actitud de estupidez colectiva. España constituye entre los países desarrollados un caso particular de insensibilidad ciudadana y de abandono de los grupos dirigentes.

Por otro lado, aquí y allá mareas humanas invaden calles y plazas para festejar efímeros triunfos futbolísticos, protestar por reformas secundarias o manifestar su apoyo o su rechazo ante cuestiones coyunturales. Hasta ahora ninguna multitud ha salido a defender lo que más importa. Sumergidos la mayoría en la banalidad, anestesiados por el consumismo o agobiados por la dureza de las condiciones de la vida cotidiana, la ecoalarma no ha penetrado en las conciencias. Es más, se ha interiorizado y normalizado la catástrofe en ciernes y se vive con naturalidad el cambio climático, confiando en pretendidas adaptaciones y soluciones inesperadas. Y encima hay que aguantar frecuentes críticas contra un supuesto fanatismo ecológico de influyentes minorías que frenaría el desarrollo -incluida la devastadora urbanización de costas, llanos y montes- y espantaría el consumo.

Sólo la irrupción de la alarma social por el estado del planeta en sociedades paradójicamente atenazadas por miedos e inseguridades menores podría mover a la acción personal y política para adoptar nuevas pautas de conducta y aceptar medidas drásticas de reconducción del modelo de producción y de consumo. No hay que celebrar ninguna liberación del ser humano respecto a la naturaleza, sino por fin reconocer que vivimos en total dependencia de ella.

Ignacio Ruiz-Jarabo, España, Europa y la educación, Cinco Días.

Entre las aspiraciones que en el año 2000 se explicitaron en la Estrategia de Lisboa, la UE decidió apostar por la modernización del modelo social europeo, mediante la inversión en capital humano y la lucha contra la exclusión social. De ese modo, al aumentar las oportunidades de aprendizaje y formación de los europeos, y con ello su nivel educativo, se aspira a varios retos ambiciosos: mejorar el nivel y la calidad del empleo para contribuir al dinamismo de la economía europea, aumentar el nivel de bienestar social de la población europea y reducir los focos de marginación para favorecer la máxima integración social en la UE.

Se pretende que todo ciudadano europeo posea los conocimientos que le permitan vivir y trabajar en la sociedad de la información, lo que exige políticas públicas activas que aumenten la inversión en formación y educación, que construyan infraestructuras del conocimiento y que establezcan cauces adecuados para el acceso generalizado a las mismas por parte de todos los europeos.

Sin duda, la formación es uno de los factores que en mayor medida explican el liderazgo de los países, lo que determina que la inversión en educación tenga un valor estratégico y de futuro. En función de los datos analizados, es evidente que en este campo España no está realizando el esfuerzo que debiera, situación que debiera invertirse con urgencia y con energía.

Javier Cremades, abogado, La revolución del micropoder, ABC.

El exceso de virtualización, liberada por el nacimiento de la World Wide Web en los años noventa, produjo una borrachera económica que terminó abruptamente a principios del nuevo siglo.

Cristina Peri Rossi, escritora, El mito de la estampita, El Mundo.

...John Kenneth Galbraith, el gran economista y humanista socialdemócrata...

Una de las críticas más certeras del eminente profesor -y al final de sus días, novelista- al capitalismo salvaje es que se basa mucho más en la especulación que en la productividad. Para especular, tiene que haber algunos tontos e ingenuos, y son ellos quienes alimentan una de las ilusiones más despiadadas del capitalismo: hacerse rico con toda clase de productos, sean éstos bulbos o sellos filatélicos.

...un sello muy antiguo, de alto valor facial y de tiraje muy escaso, puede tener un precio mucho más alto que el facial. Aun así, se trata de un bien fungible: es necesario que alguien esté dispuesto a pagarlo.

El secreto del capitalismo es que todo lo escaso es caro y todo lo abundante es barato. En China o en España.

...no me parece nada oportuno culpabilizar a quienes han querido para sus ahorros un interés más alto que ofrecen los bancos y las cajas. El sistema capitalista instruye a todo el mundo para competir, especular e intentar hacer de papelitos de colores una fuente de riqueza.

Ramón Pi, Nazis entre nosotros, La Gaceta de los Negocios.

...sólo en España, y sólo por métodos quirúrgicos, la industria del aborto provocado ha producido ya la eliminación industrial de más de un millón de seres humanos. Se calcula, tirando por lo bajo, en no menos de cuarenta millones de víctimas cada año por este procedimiento en todo el mundo.

Si añadimos la poderosa industria de la píldora abortiva RU-486, o de la píldora del día después, abortiva cuando falla la anticoncepción, las cifras se disparan. Hay nazis entre nosotros. Pero miramos hacia otro lado.

Ignacio Sánchez Cámara, Corazón de Europa, La Gaceta de los Negocios.

En el cristianismo reside el alma y el corazón de Europa. Y no se trata sólo de unas raíces culturales o de la imposibilidad de entender la cultura europea sin la referencia al cristianismo. Es que, en cierto sentido profundo y radical, Europa es el ámbito espiritual de la Cristiandad. Así, no es sólo el cristianismo algo que haya actuado en el pasado o haya impregnado nuestra cultura y nuestra acción en la historia. No sólo constituye el fundamento de las raíces culturales de Europa y la condición de la posibilidad de su inteligibilidad. No sólo forma parte del pasado sino también del presente y del futuro. Si Europa dejara de ser cristiana, dejaría de ser Europa; sería otra cosa distinta. Naturalmente, eso no significa que todos los europeos (ni siquiera acaso la mayoría de ellos) tengan que ser cristianos. Existen, al menos, cinco ideas y principios cristianos, que forman parte de la naturaleza de la cultura europea: la creencia en la existencia de un Dios personal que se comunica con el hombre y cuida de él; la idea de la creación divina del mundo a partir de la nada; la suprema dignidad del hombre como ser personal, creado por Dios a su imagen y semejanza; la convicción de que el hombre es libre y responsable de sus actos, y no un mecanismo ni un animal más; y la fe en la resurrección de la persona y en su vida perdurable después de la muerte. Europa es el ámbito histórico de estas cinco convicciones, y de otras muchas derivadas de ellas, como nuestras instituciones políticas democráticas y liberales y la idea de los derechos humanos. La democracia y el respeto a los derechos arraigan con dificultad en las sociedades que no han recibido el influjo del cristianismo.

Carlos Balado, Obra social: ¿alguien da más?, Cinco Días.

Existen, en el caso de nuestro país, cuestiones que los ciudadanos españoles consideran que han de ser resueltas antes de que produzcan una seria fractura social, como son, entre otras, las pensiones de los ancianos, viudas o personas con discapacidades; las escuelas; el trabajo para los jóvenes y para las personas en edades más avanzadas; las ayudas y los servicios de ayuda a las familias; la formación profesional; la vivienda para los jóvenes, y la protección de la salud de los trabajadores, consumidores y del medio ambiente.

Esta inversión genera también un impacto económico y social muy elevado y valioso; puesto que está demostrado que la obra social de las cajas crea riqueza y empleo, contribuye al equilibrio territorial y ayuda a solucionar problemas sociales.

Pero detrás de todo esto, lo más importante y lo que distingue a las cajas y a la obra social de cualquier otra institución del sector privado es la capacidad para crear tejido social. Esto significa fomentar el asociacionismo, colaborar con los poderes públicos para intentar llegar más lejos en el esfuerzo de las cajas por extender a toda la población sus iniciativas y, sobre todo, ayudar a los ciudadanos vulnerables a procesos de exclusión a solucionar sus problemas.

...es evidente que invertir en cuestiones sociales, del modo en que lo hacen las cajas, es rentable para toda la sociedad.

George Monbiot, Strange but true: shoddy building work in Exeter kills people in Ethiopia, The Guardian.

I know it still seems improbable that shoddy building work in Exeter will kill people in Ethiopia, but this is the weird reality the science of climate change forces us to accept.

In fact, a failure to enforce the building rules is perhaps more consequential than any climate-changing policy. It guarantees high carbon emissions throughout the life of the buildings. Unless the inspectors start doing their jobs, the polluting legacy of the 200,000 new homes the government wants us to build every year will be far more deadly than nuclear waste.

I can support the government when it says it wants to “simplify and streamline” the building regulations. My suggestion is that it reduces them to one sentence: “By 2010, no house in this country shall be built with a heating or cooling system.”

La opción más barata, editorial de El País.

La excepcional escalada del precio del petróleo y las exigencias del Protocolo de Kioto reverdecen irremediablemente el debate sobre si debe resucitarse o no la producción de energía nuclear, frenada en 1991 por decisión del Gobierno socialista de Felipe González. La racionalidad de aquel parón nuclear está fuera de toda duda, basada principalmente en la desfavorable relación de costes de la electricidad nuclear frente a la generación por otras fuentes de energía.

...la prolongación nuclear no sufriría de la controversia y rechazo ciudadano que se presuponen a la construcción de nuevas plantas.

Con o sin debate nuclear, aunque se aplace la discusión sobre el modelo energético de los próximos decenios, la sociedad española tiene que saber de primera mano cuáles son las posiciones de partida de la Administración y los agentes sociales -de las organizaciones ecologistas, por ejemplo- ante la carga contaminante y los problemas económicos de las distintas energías.

Miguel A. Escobar, Braun, deslocalización salvaje, Socialdmocracia.org.

La firma Braun se ha convertido en las últimas semanas en el ejemplo de la deslocalización salvaje.

Los números que ha presentado ante el Comité de empresa no expresan pérdidas que justifiquen un ajuste de plantilla. Su gran argumento no es otro que el de su previsión de reducción de beneficios a corto plazo.

...parece necesario replantear los mecanismos que tiene la propia administración a la hora de permitir expedientes de regulación que afectan al conjunto o a parte de las plantillas. Y estos mecanismos pasan de un lado por endurecer las condiciones objetivas que deben acompañar todo expediente de crisis y por el otro que de una vez nos planteemos como trabajadores y como consumidores la necesidad de orientar nuestras compras hacia aquellos productos y empresas que además de obtener beneficios también condicionen su obtención al cumplimiento del compromiso con su entorno social y ambiental.

Jean Rohe, estudiante de la New School.

El senador McCain nos dirá que nosotros, aquellos de nosotros que somos americanos, 'no tenemos nada que temer unos de otros'. Estoy firmemente de acuerdo con esto, pero lo llevo un paso más allá: no tenemos nada que temer de nadie sobre este planeta viviente.

Günter Grass, escritor.

También el hambre es guerra.

No necesita hacer una guerra quien controla el mercado de los alimentos básicos y decide sobre la deficiencia y la abundancia, porque fija los precios.

Luis de Sebastián, catedrático de Economía de ESADE, El reparto de la globalización, El País.

Ese orden o sistema es el resultado de la integración de América Latina en el proceso de globalización, una globalización que, sin duda, ha creado mucha riqueza (aunque mal repartida) en la región... la reacción de los ciudadanos no es para implantar el socialismo ni en su versión más dura (comunismo) ni en las más blandas (socialismo democrático) La economía de mercado se acepta con la misma naturalidad -o resignación- con que se acepta el sistema de democracia parlamentaria. La agitación política de estos días parece más bien una lucha, un tanto espontánea y desorganizada, por un mejor reparto de las ventajas de la globalización, un deseo que se expresa en el lema “otra globalización es posible”.

...la redistribución de la renta y de la riqueza debe ser una prioridad insoslayable de los gobiernos, si quieren construir una sociedad más igual, justa y solidaria. Estabilidad macroeconómica y redistribución de la renta resume el modelo que la izquierda latinoamericana está llevando a cabo con éxito.

El Parlamento Europeo se ha planteado la posibilidad de gravar con impuestos los correos electrónicos y los mensajes de texto (SMS) como un modo de financiación para el futuro. Alain Lamassoure, eurodiputado del grupo popular europeo, ha lanzado la idea. La propuesta de Lamassoure, miembro del UMP del presidente francés Jacques Chirac, incluye un impuesto de unos 1,5 céntimos de euro para los mensajes de texto (SMS) y de 0,00001 céntimos de euro por cada correo electrónico enviado. "Son minucias; pero, dados los miles de transacciones que se hacen cada día, supondrán unos ingresos inmensos", ha declarado el eurodiputado. Este tipo de 'impuesto europeo' es una de las posibilidades que baraja Bruselas para financiar su presupuesto y hacerlo más independiente de los países miembros y de negociaciones entre ellos. La mayoría de los gobiernos, los eurodiputados y la Comisión Europea apoyan la creación de estos nuevos impuestos. Pero aún estudian cómo hacerlo, y también se ha planteado la posibilidad de gravar los billetes aéreos o crear un impuesto suplementario para las compañías petrolíferas.

José Carlos Díez, Una intervención selectiva, Cinco Días.

…en este caso, el riesgo más relevante es el reputacional. La economía de mercado se basa en la credibilidad y la confianza. Aceptamos un billete de 10 euros, firmado por un señor que dice ser Gobernador del Banco de España, no por su valor intrínseco, sino por su capacidad adquisitiva. A España le ha costado mucho alcanzar el actual grado de confianza en las instituciones y, como decía Eugenio D' Ors, 'en ciencias sociales los experimentos se hacen con gaseosa'. Hitler llegó al poder tras una hiperinflación que acabó con el ahorro de varias generaciones de alemanes. La propia Reserva Federal en EE UU, país icono de la libertad, fue creada a principios del siglo pasado para proteger a los ahorradores estadounidenses tras varias crisis bancarias consecutivas.

Por todas estas razones, desaconsejo la solución extrema de la no intervención. Sin duda, es injusto que, el resto de españoles, paguemos por algo de lo que no nos hemos beneficiado cuando estas empresas remuneraban los ahorros muy por encima de las entidades financieras. Pero si las instituciones del Estado salen dañadas, tendremos un mundo más justo, pero todos veremos mermado nuestro nivel de renta.

Mi respuesta a la pregunta es, como casi siempre, ecléctica. Ayudemos, aunque no por el 100%, a las personas mayores que confiaron en Julito, el dueño del bar del pueblo, hijo de la Feli, que les daba más interés que Pepe, el de la caja. Pero, aquellos que metieron 100.000 euros en sellos, que reclamen por vía judicial ordinaria. Así, solucionaríamos el problema de la mayor parte de los afectados y el coste del salvamento se reduciría sustancialmente.

Y, lo que es más importante, aprovechemos la crisis para regular correctamente todo lo susceptible de competir en la captación de ahorro. Reconozcamos que el país avanza, pero que aún son posibles innumerables mejoras, y consigamos que la seguridad de las inversiones privadas sea un pilar básico de nuestro ordenamiento jurídico.

“Ayer tuvimos una asamblea en la Universidad Complutense, la idea es que nos unamos más. Esperamos que algunos de los grandes sindicatos se impliquen, lo tienen que hacer porque esto es una lucha de primer orden”, declaró Rubén Fernández, representante del sindicato de Estudiantes; “los jóvenes no se pueden quedar en casa de sus padres viviendo 30 ó 40 años ni tampoco se pueden conformar con hipotecas que no les dejen vivir. Hay que dejar huella para que se empiece a mover esto. No es normal que un piso en Lavapiés de 30 metros cuadrados te cueste 30 kilos”.

"Vivo con mis padres, tengo 28 años y dos trabajos. Soy editora y profesora. Soy autónoma, no tengo pareja y no me dan una hipoteca. Y encima esperan que formemos familias, es imposible, se boicotea a la familia. No se pude formar nada", declaró Marina Conde.

“Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa; el piso es un derecho, no un privilegio”, coreaban los manifestantes por una vivienda digna, cuyos principios se recogen en un manifiesto con estas demandas:

1.-Incremento del gasto público en la construcción o puesta en el mercado de vivienda protegida, preferiblemente de promoción pública y en ayudas directas al alquiler.

2.-Enérgico aumento de la presión fiscal sobre los titulares de viviendas secundarias y, sobre todo, para los de viviendas vacías.

3.-Informes mensuales rigurosos, amplios e imparciales sobre la evolución de los precios de la vivienda, y revisión del peso del coste de la vivienda en el cálculo del Índice de Precios al Consumo.

4.-Creación de una agencia de control del fraude inmobiliario con amplios poderes.

5.-Supresión de trabas administrativas a la autoconstrucción de viviendas y fomento del cooperativismo como vía alternativa para la construcción de viviendas.

Jordi Sánchez, politólogo, Referéndum, participación y Junta Electoral, El País.

Uno creía que el éxito democrático podía medirse a través de los niveles de participación en las urnas. La relación era bien simple: a mayor participación ciudadana, mayor madurez democrática, y a menor participación, mayores problemas para la democracia. La convicción de que la participación era una medida positiva para la democracia forma parte del pensamiento democrático liberal desde el inicio de la teoría democrática. Algunos países -muchos de ellos de nuestro entorno más inmediato- incorporaron en su legislación el voto como un acto de obligado cumplimento por parte de la ciudadanía; es decir, votar no sólo era un derecho, sino también una obligación. Hoy ya no son tantos esos países, y otros que nunca tuvieron voto obligatorio han venido desarrollando actuaciones para reforzar la participación electoral; es decir, con menor o mayor intensidad la promoción del voto ha estado presente en muchas democracias liberales.

No es deseable desde la convicción democrática que las instituciones no puedan alentar a los ciudadanos a ejercer sus derechos, en este caso el del voto.

No es suficiente tener un derecho al sufragio. Hay que saber que ese derecho existe y hay que promover que ese derecho sea utilizado. La democracia no anda tan bien de salud como para debilitar los vínculos de compromiso entre los ciudadanos y las instituciones. Nadie puede negar que ejercer el sufragio es una de las maneras más sólidas y claras de reforzar ese vínculo.

Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, Un mundo interdependiente, El País.

Todo el mundo está de acuerdo en que lo que caracteriza al mundo moderno es la interdependencia. Pero todavía no hemos tenido tiempo de estudiar detenidamente sus consecuencias ni hemos comprendido que las normas internacionales establecidas han quedado desbaratadas. La interdependencia -el hecho de que una crisis en un lugar cualquiera se convierta en una crisis en todas partes- deja en ridículo las opiniones tradicionales sobre el interés nacional. Las naciones, incluso naciones tan grandes y poderosas como Estados Unidos, sufren profundamente, y a una velocidad de vértigo, las repercusiones de los sucesos que ocurren fuera de sus fronteras.

¿Por qué también ha aumentado de importancia a toda prisa la política energética en las agendas nacionales? Por la necesidad que tienen países como China e India de alimentar su rápido desarrollo y por la amenaza del cambio climático. La solución está en un marco de consenso internacional que ayude a crecer a los países en vías de desarrollo, permita que los países ricos conserven su nivel de vida y proteja el medio ambiente ante el desastre.

Es decir, no es posible tener hoy una visión coherente de los intereses nacionales sin una visión coherente de la comunidad internacional. Son problemas que nos afectan a todos y sólo podemos hacerles frente juntos. Necesitan una respuesta que consista en prevenir, no sólo reaccionar, basada no sólo en certezas sino en la precaución y, a menudo, fuera de nuestro propio territorio.

...no será posible acordar una acción común si no está fundada en una serie de valores comunes de libertad, democracia, tolerancia y justicia. Éstos son valores aceptados de forma universal en todos los países, confesiones y razas, aunque no por todas las personas dentro de dichos colectivos. Son valores capaces de inspirar y unir. Necesitamos una comunidad internacional que encarne y persiga estos valores universales.

La dimensión de los problemas que tenemos que abordar es enorme. Y, cada vez más, existe un terrible desequilibrio entre los retos mundiales que nos aguardan y las instituciones internacionales que deben ocuparse de ellos. Tras la II Guerra Mundial, la gente se dio cuenta de que era precisa una nueva arquitectura institucional internacional. En esta nueva era, en el comienzo del siglo XXI, debemos renovarla.

...el secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha hecho una labor extraordinaria en unas circunstancias casi imposibles, y merece que apoyemos su programa de reformas.

Debemos reforzar la potestad del secretario general de la ONU para proponer al Consejo de Seguridad acciones que contribuyan a la solución de viejas disputas.

...el Banco Mundial y el FMI. Existen argumentos en favor de su fusión que ya se han utilizado otras veces, pero, en cualquier caso, hay poderosas razones para una reforma que incluya una mejora sustancial de la relación con los países en vías de desarrollo y más representación de las economías emergentes.

...necesitamos una Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que sea equiparable a la importancia que tiene hoy este tema entre las prioridades internacionales.

Hoy, tras la confusión y los desacuerdos de los últimos años, tenemos una verdadera oportunidad de unirnos para combatir el terrorismo mundial, garantizar un sistema financiero mundial sano, ofrecer energía limpia y segura y cerrar heridas históricas...

La globalización genera interdependencia. La interdependencia genera la necesidad de un sistema común de valores para poder funcionar.

Universal Declaration of Human Rights. Article 25.

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

Peter Singer, Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals.

Speciesism is a prejudice or attitude of bias toward the interests of members of one's own species and against those of members of other species.

It should be obvious, that the fundamental objections to racism and sexism made by Thomas Jefferson and Sojourner Truth apply equally to speciesism.

Alastair S. Gunn, Traditional Ethics and the Moral Status of Animals, Environmental Ethics V.

First, they are … primarily negative rights in the case of animals, though not in the case of humans. In a societal context, the "right to life" means far more than merely the right not to be killed. In a welfare state, the right to life is a legitimate claim on behalf of the poor, needy, or enfeebled, to positive action, such as the provision of food and medical treatment, on the part of society. My right to life is not regarded as protected if, although no one actually kills me, I am allowed to die of starvation and disease. (On the other hand, no one has infringed my right to life. At most, perhaps, they have failed in their duty to me — perhaps not even that, if I want to die, like the hunger strikers in Northern Ireland.) … In the case of nonhuman animals, though, I have suggested that human interference is rarely in the interest of animals. There may be exceptions, such as Singer's example of animals trapped in a flooded valley, or domestic animals and pets which we have allowed to become dependent upon us and which are thus our responsibility, but in general the interests of wild animals are best served by humans leaving them alone — their right to life is the negative right not to be killed.

David Pepper, Eco-Socialism: From Deep Ecology to Social Justice.

Capitalism continues to degrade ecosystems and create social injustice. The 1992 Earth Summit demonstrated that the powerful vested interests behind Western capitalism have no intention of radically changing their goals and methods to help create an environmentally sound or socially just global society.

Edward Abbey.

...the military-industrial state will disappear from the surface of the Earth within fifty years. That belief is the basis of my inherent optimism, the source of my hope for the coming restoration of a higher civilization: scattered human populations modest in number that live by fishing, hunting, food-gathering, small-scale farming and ranching, that assemble once a year in the ruins of abandoned cities for great festivals of moral, spiritual, artistic and intellectual renewal — a people for whom the wilderness is not a playground but their natural and native home.

José Julián Isturitz, director del Observatorio de la Seguridad y Security Point, ¿Tenemos un problema?, La Vanguardia.

...tenemos que implantar un nuevo concepto llamado seguridad sostenible, que consiste en aceptar que la seguridad es un derecho básico que debe garantizarse, que supone una respuesta de tolerancia cero, pero que eso no debe mermar otros derechos también fundamentales, como son el derecho a la libertad y a la intimidad. El concepto de seguridad no puede estar sujeto a medidas exageradas, ya que éstas pueden ser peor que el efecto. No puede buscarse la seguridad a costa de automarginarnos (patrullas ciudadanas, turnos de vecinos para bajar protegidos al garaje, vigilantes por doquier, cámaras por todos los sitios…) o criminalizar a razas o diferentes culturas por esta situación. Una mejor cultura de la seguridad nos ayudaría a poner las cosas en su sitio, dando una nueva perspectiva a la responsabilidad que debemos asumir también cada uno de nosotros en adoptar las medidas de autoprotección mínimas en nuestros domicilios, contando, cómo no, con la protección que nos deba ofrecer el Estado.

...una cuarta parte de los europeos no toma ninguna medida tras sufrir un robo. ¿No es una contradicción a nuestro deber de ser responsables con nosotros mismos?

Tenemos, entonces, un problema, pero lo tenemos todos, aunque a diferente nivel. El Estado es responsable de mejorar nuestra protección y adelantarse a la delincuencia con los medios adecuados y los ciudadanos deben demandar más información y proteger sus viviendas como si de una inversión se tratara.

Jordi Segura, químico y farmacólogo, director del Laboratorio Antidopaje IMIM de Barcelona y miembro de la Comisión Médica del COI, ¿Inflexión en el dopaje?, El Periódico.

Otro aspecto que debe incluir la nueva ley, no recogido en el articulado actual, es la garantía del Estado de que los dos laboratorios antidopaje acreditados en España puedan dotarse del utillaje, medios y personal óptimos para desarrollar impecablemente su labor. Este apoyo financiero debe ser mencionado específicamente en la ley, de manera que nuestro país se mantenga entre los primeros del mundo en capacidad antidopaje, aprovechando el prestigio que ambos centros tienen ya a nivel internacional.

Un tercer aspecto en el cual la ley podría ser más ambiciosa se refiere al nuevo artículo del Código Penal. La propuesta actual cubre a aquellos incitadores de dopaje en deportistas que participen en competiciones organizadas por federaciones. La incitación a deportistas federados no competitivos o a deportistas recreacionales no federados no queda, por tanto, cubierta, a pesar del riesgo de que se dé esa práctica ilegal en algunos gimnasios o centros de fitness desaprensivos.

Ramón Tamames, los benéficos regadíos (II), Agroprofesional.

...el medio ambiente recibe también notables beneficios del regadío, aumentando la biodiversidad por la mayor riqueza del entorno, y permitiendo una mejor lucha contra la erosión, al estar más tiempo el suelo con una adecuada cubierta vegetal. Además, los regadíos son importantes sumideros de CO2, constituyendo así una de las mejores herramientas disponibles para el cumplimiento del protocolo de Kioto. En pocas palabras, una hectárea promedio de regadío se fijan 43 toneladas de CO2, el doble de lo que se consigue por término medio con una de bosque (21,6).

Es preciso llevar a la conciencia de la ciudadanía que sin sus riegos, España sería un país altamente vulnerable en su garantía de un autoabastecimiento dentro de los límites de la razón y de la atención que los agricultores merecen.

Antonio Romero Ruiz, portavoz de IULV-CA en la Comisión del Estatuto, Identidad nacional y derechos sociales, El País.

Todos los grupos parlamentarios han votado favorablemente en el Congreso de los Diputados la admisión ha trámite del Estatuto de Andalucía. Sólo el PP ha votado en contra, atrincherado en un modelo de España centralista y preconstitucional.

El Estatuto es solidario y parte de nuestra identidad.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía es el fruto de la lucha histórica del pueblo andaluz, de su compromiso transformador por mejorar sus condiciones de existencia y por legitimar sus señas de identidad, que tiene su expresión política en el autogobierno alcanzado.

Esta lucha singular del pueblo andaluz por su autonomía es la que le da derecho a reclamar la máxima capacidad de autogobierno e igual rango político y tratamiento equiparable con cualquier otra comunidad autónoma de España. Ello supone hoy la consideración de Andalucía como una nación que se constituye como comunidad autónoma, en el marco del artículo 2 de la Constitución Española.

Andalucía en su proceso de construcción nacional quiere avanzar con este Estatuto afianzando sus señas de identidad en el marco de sus relaciones solidarias con los distintos pueblos de España hacia una democracia plena que, por serlo, debe estar basada en el protagonismo colectivo y en la justicia social. Los poderes públicos deben estar así al servicio de la calidad de vida, de la paz, de la promoción indispensable de servicios públicos de calidad, de la protección integral del medio ambiente, del pleno empleo y la plena protección, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la lucha permanente frente a las desigualdades sociales y territoriales y, frente a cualquier tipo de discriminación.

El nuevo estatuto contempla reivindicaciones históricas como la reforma agraria y la deuda histórica, y está preñado de derechos sociales, como libros de texto gratuitos, renta básica, derecho a una muerte digna, democracia paritaria, un modelo de desarrollo sostenible, amplía tres competencias incluidas las del Guadalquivir, etc...

La derecha se equivoca como se equivoco el 28 de febrero de 1980.

Finalmente un aviso a navegantes: No es buena cosa herir los sentimientos del pueblo andaluz.

Bill McKibben, Welcome to the climate crisis, The Washington Post.

20 years of inaction, and especially the Bush administration’s stupendous record of ignorance and neglect, have set the bar so low that any legislation at all may look like real progress. The utilities, the coal companies and Detroit may find themselves able to easily set the terms of any deal that will, in turn, set policy for the next 20 years — and if it’s a deal that’s too modest in attempting to rein in carbon emissions, then it may be worse than no deal at all. Precisely because we’ve wasted the past two decades, we need real, not token, action now. So here’s how to tell if your politicians really get global warming:

Is it just one more issue on their list of topics, somewhere between trade policy and failing schools — or do they understand it for what it really is: the first civilization-scale challenge that humans have yet faced? Newly emerging science (including some that the Bush administration tried to force NASA climatologist James Hansen to suppress) shows that we have underestimated the scale and urgency of the crisis. Everything frozen on Earth is melting fast, for instance, threatening to produce an inhospitable planet in the decades ahead and an unbearable one in the lifetime of those being born. Political rhetoric needs to reflect the stark fact that this is an emergency.

Do their proposals come with big numbers — 50 percent reductions in carbon emissions, say? They don’t need to achieve those numbers overnight (the various European countries aim for them in the 2030-2050 range), but real reductions, as opposed to slower growth rates of emissions, need to begin within the next few years, according to the most recent science. This implies Defense Department-scale budgets for technology development and for implementation of those technologies we already know how to use — wind turbines, say.

Given the scale of the problem, the cheapest solutions (beginning with reducing the massive energy waste in our system) make the most sense. This implies a large role for markets — but only once government policy has made the cost of fossil fuels truly reflect the damage they do.

Do they understand that technological change alone cannot achieve the 70 percent reductions in fossil fuel use needed to stabilize climate? We’ll also need real shifts in attitude, behavior and habit. These changes are possible (the average Western European uses half as much energy as the average American while leading a quality life), but they will take real political leadership on issues ranging from mass transit to sprawl to the size of cars.

There are schemes that would make all these items possible, even affordable: big taxes on fossil fuel rebated to citizens to reward lower energy use; small taxes on currency speculation to underwrite the cost of building windmills in China; a switch of subsidies from fossil fuel to future fuel. It’s not ideas we’re lacking; it’s a prevailing sense of the mortal danger that we’ve wandered into, a danger that demands leadership willing to set the bar high.

Peter Singer, profesor de Bioética en la Universidad de Princeton, El debate de los grandes simios, El País.

Como mínimo, deberíamos reconocer derechos básicos en todos los seres que muestren inteligencia y capacidad de percepción (lo que incluye cierto nivel de percepción de sí mismos) y que tengan necesidades emocionales y sociales.

Domingo Martínez Madrid, Legislar en materia de precios agrarios, carta al director de El País.

Las OPA vuelven a denunciar los elevados beneficios de la distribución en productos ganaderos en las diferentes partes de la cadena de distribución comercial a costa del esfuerzo de los productores.

Se ha prometido la creación de Observatorios de Precios y hasta la fecha todavía no se conoce su situación. La realidad de los márgenes comerciales en las producciones ganaderas pone de manifiesto que el poder negociador de la gran distribución no se centra exclusivamente en las producciones de frutas y hortalizas. Este poder se extiende a todas las producciones agrarias y, supuestamente, al resto de proveedores de cualquier producto que venden en sus lineales.

Por tanto, es hora de que las administraciones olviden las buenas palabras y se pongan a trabajar, es decir, a legislar en materia de precios agrarios, para defender los intereses tanto de los agricultores y ganaderos como de los consumidores.

Anna Veiga, doctora en Biología, Embarazo en la menopausia, La Vanguardia.

Debemos decidir si se trata de una opción deseable tanto para el niño como para su familia y para la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta todas las implicaciones y consecuencias que ello comporta. La legislación que regula las técnicas de reproducción asistida debe ser clara en ese sentido para que su uso inadecuado no implique injusticias ni prácticas poco recomendables.

Juan Goytisolo, escritor, Las alarmas del cardenal Cañizares, El País.

La ciudadanía de 2006, representada por Rodríguez Zapatero...

Funcionarios en el mercado, editorial de El País.

El primer Estatuto de la Función Pública pactado entre el Gobierno y los sindicatos establece por primera vez el principio de que el trabajo de los funcionarios es evaluable, es decir, está sometido a la calificación de una comisión que determinará si cumple o no los objetivos laborales fijados. De esta forma, los funcionarios se aproximan a las condiciones de flexibilidad a las que están sometidas los asalariados; los puestos no serán vitalicios ni se admitirán derechos permanentes.

La contrapartida lógica a esta "normalización" laboral de los funcionarios es el derecho a la negociación colectiva, que también se les reconoce en el estatuto; y, en línea con la modernidad que quiere imponer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se les aplicarán los beneficios del llamado Plan Concilia, ese esfuerzo social para conjugar la vida laboral y familiar, cuyas piedras angulares hasta el momento son el derecho al permiso de paternidad y las excedencias por motivos familiares.

...dos aspectos complejos de la reforma de la función pública están fuera del alcance del estatuto pactado. Se trata de la extensión de la carrera funcionarial, de forma que quienes la inicien no se vean constreñidos por recorridos profesionales muy cortos -a partir de la dirección general de un ministerio los nombramientos son políticos- y la equiparación de las retribuciones de la Administración a las del sector privado. El servicio al Estado no tiene por qué ser salarialmente menos atractivo que la contratación con empresas privadas.

Carlos Carnero (eurodiputado socialista), Competencias de la UE y emigración, carta al director de El País.

Otro gallo nos cantaría si la Constitución Europea ya estuviera en funcionamiento, porque la UE tendría competencias suficientes para actuar en muchos campos prioritarios. Por eso merece la pena sacarla adelante.

Luis Ignacio Parada, Los límites humanos y el dopaje, ABC.

...esos inmensos negocios disfrazados de espectáculo que son los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo, las Vueltas ciclistas y el deporte de alta competición hace tiempo que no están basados en la lucha limpia y, frecuentemente, se ven envueltos en la sospecha. Cualquier intento de acabar con ese fraude deportivo y ese riesgo para la salud de los protagonistas debe ser acogido con satisfacción.

Joan Subirats, catedrático de Ciencias Políticas de la UAB, Igualdad de posibilidades, El País.

En la tradición liberal, se ha puesto el énfasis en la igualdad de oportunidades. Lo importante ha sido conseguir que la gente dispusiera de similares alternativas para desarrollar sus potencialidades.

Nos lo recuerda la Constitución: “corresponde a los poderes públicos… remover los obstáculos que impidan o dificulten (la) plenitud (de la libertad o la igualdad)”. Lo que está en juego por parte de unos poderes públicos que no acepten como natural y estructural esa desigualdad de origen, es la igualdad de posibilidades. Tratando así de combinar los aspectos individuales con los aspectos colectivos, y centrando las políticas en los espacios de partida, en los escenarios territoriales en que esas trayectorias de desigualdad se originan. Inversión en territorios, en escuelas, en conectividad material y de conocimientos, son todo ello aspectos esenciales. Pero, sin olvidar que la desigualdad no es sólo una resultante de las condiciones diferenciales de partida, sino que es también algo en lo que todos colaboramos de manera más o menos explícita, seleccionando el lugar de residencia, la escuela de nuestros hijos, el sitio en el que pasar nuestros días de descanso o incluso las tiendas en las que comprar.

...lo significativo en todo el mundo es que, tan preocupante es la segmentación por abajo como la segmentación por arriba. La tendencia a cerrar barrios, blindar casas, armar habitaciones, como respuesta a la inseguridad social puede provocarnos tantos problemas o más que la conversión en peligrosos de lo que por ahora son barrios con problemas. El economista francés Eric Maurin ha popularizado el término “igualdad de posibilidades” como manera de resumir un conjunto de cambios y propuestas con relación a la concepción dominante de las políticas sociales. Y resulta en este sentido sugerente la intensidad con que defiende el intervenir tanto en las condiciones estructurales de partida como en las trayectorias vitales de niños y adolescentes. Vinculando así cambio social y cambio individual, lo cual no resulta muy habitual en posiciones progresistas tradicionales. La lucha debe situarse en evitar la irreversibilidad de las trayectorias, mejorando los puntos de partida, interviniendo en diversos frentes a la vez, y generando numerosas pasarelas, flexibles y naturales, que permitan trayectorias múltiples. Todos decimos preferir una sociedad diversa y mezclada, pero actuamos más bien en sentido contrario. Y nos sentimos confortados pensando que las oportunidades existen y que no es culpa nuestra que no sean aprovechadas. Pero la realidad nos indica que seguimos optando por la segmentación, buscando la comodidad de los nuestros. Entre todos deberíamos buscar otras salidas, ya que si seguimos insistiendo en ello, sólo conseguiremos incrementar nuestras incertidumbres e inseguridades.

Juan-José López Burniol, notario, Sobre la violencia legítima, El Periódico.

...un poder público dispuesto a neutralizarla con el empleo –en toda la medida y la extensión que sean necesarias– de la violencia legítima cuyo monopolio ostenta, por delegación y al servicio de la sociedad democrática a la que representa. Lo que nos lleva a la cuestión central y permanente de toda reflexión de teoría política: la de quién –en cualquier sociedad– debe mandar y quién debe obedecer.

En una sociedad democrática, la respuesta es clara: debe mandar aquel a quien se manda mandar. Es decir, debe mandar quien ha recibido el mandato de mandar a través de un proceso electivo en cuyo desarrollo se hayan observado todas las garantías establecidas para preservar su pureza.

De ahí que la primera obligación de quien manda –superior en términos absolutos a cualquier otra– sea precisamente mandar, para, luego, responder de lo mandado. Lo que trae aparejada la consecuencia de que la más grave infracción de sus deberes que puede cometer quien ostenta el poder público sea la elusión de su obligación de mandar. Da igual cual sea la causa de su inacción: la simple debilidad, el error de percepción, el cálculo electoral, los prejuicios ideológicos, el falso progresismo, la mala conciencia de abusos anteriores o la torpeza manifiesta. En todo caso, quien culposa o dolosamente provoca un vacío de poder incurre en la responsabilidad política máxima, al permitir que la violencia de algunos lesione los derechos de uno o más ciudadanos.

Un Estado es en esencia –más aún que una estructura de poder organizada jerárquicamente desde el primer magistrado al último agente– un sistema jurídico, es decir, un plan vinculante de convivencia en la justicia articulado sobre la base del único principio ético no metafísico de validez universal: el de que el interés general ha de prevalecer sobre el particular.

Es cierto, por tanto, que no todo orden es justo; pero sí lo es que no puede haber justicia sin orden: un orden fundado en aquel principio ético. De lo que resulta que este orden justo debe ser mantenido frente a los ataques violentos de quienes lo rechazan o pretenden subvertirlo. Y ha de ser mantenido a toda costa, esto es, neutralizando la violencia ilegítima de los infractores del orden jurídico con la violencia legítima de sus servidores, empleada esta en toda la medida que sea menester.

La fortaleza política es la del representante de los ciudadanos y servidor de la ley, que preserva el orden establecido por esta con todos los medios y con todas las garantías que la norma autoriza e impone. La fortaleza política no está reñida con la prudencia que –habida cuenta de que no existe la justicia absoluta– exige, antes de adoptar una decisión, la evaluación cuidadosa de cada caso concreto.

Manuel Rodríguez Rivero, Salvemos las librerías, ABC.

...algunas consideraciones acerca de la política del libro.

Con la totalidad de sus antiguas competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, lo más que se le puede pedir a la Administración central es que ejerza eficazmente su papel de árbitro y moderador de un sector que, pese a su madurez y salud financiera, presenta algunas disfunciones, no siempre atribuibles a causas exógenas. En lo que respecta al Ministerio de Cultura, resultan todavía insuficientes o incompletas las estadísticas y bases de datos globales acerca de los hábitos de consumo de los productos culturales, una contextualización imprescindible si se quiere facilitar la labor de todos los agentes implicados. Y también es insatisfactoria, tímida o excesivamente lenta la tramitación y puesta en marcha de los instrumentos jurídicos necesarios para el establecimiento de un marco eficaz de funcionamiento para la cadena del libro: me refiero básicamente a la reforma de la ley de Propiedad Intelectual -más allá de meros ajustes para adecuar la existente a la normativa comunitaria-, y a la promulgación de una nueva Ley del Libro que enfrente con audacia los problemas más acuciantes; incluyo, entre ellos, la clarificación de la nebulosa situación del llamado «precio fijo», en tierra de nadie desde que el gobierno del Partido Popular decidiera excluir de la norma el libro de texto.

Pero, una vez que el Ministerio de Cultura ya no es responsable inmediato de la vergonzosa precariedad presupuestaria de las bibliotecas públicas, hoy transferidas, quizás el mayor reproche que pueda hacerse a su gestión sea la falta de apoyo eficaz a las librerías independientes como canal indispensable en la comercialización del libro.

La desaparición de las librerías no es sólo, como proclaman ciertos liberales doctrinarios, un asunto de adecuación de viejas estructuras a las exigencias del mercado global. Con cada librería que desaparece -y en nuestro país lo hacen muchas cada año- se pone en peligro la necesaria diversidad de un mercado de ideas en el que lo que más se vende no tiene por qué ser lo mejor en términos de calidad. El auténtico librero, a diferencia del que vende libros como un producto más de una extensa gama o, incluso, como gancho para atraer al cliente hacia mercancías más rentables, lo suele tener presente. Por eso en sus mesas de novedades -o, al menos, en sus estanterías- todavía queda espacio para esos otros libros que los hipermercados ignoran en beneficio casi exclusivo de los superventas. Proteger la librería no es una cuestión de nostalgia, sino de pura y simple salud cultural. Y democrática.

José Borrel, El Presupuesto de la UE y Lisboa, Cinco Días.

...lo que más preocupa de este acuerdo presupuestario es la falta de espíritu comunitario. La falta real de ambición europea para actuar juntos, buscando desarrollar el valor añadido europeo. Para recuperar esta ambición muchas cosas habrán de cambiar. Y, sin duda, una de ellas será revisar la financiación de la Unión.

El presidente en ejercicio del Consejo, el austriaco Wolfgang Schüssel, ha defendido la necesidad de redefinir los recursos propios de la Unión para que sean verdaderamente propios. Como quedó patente en la reunión interparlamentaria celebrada los pasados 8 y 9 de mayo, tanto el PE como la mayoría de los Parlamentos nacionales se mostraron favorables a dicha iniciativa. La idea de una fiscalidad europea sobre tasas comunes relacionadas con las grandes políticas de la UE, como la energía, aparece de nuevo.

Benito Garzón Sánchez, Inseguridad ciudadana, impuestos y elecciones, carta al director de El País.

En las próximas elecciones, cuando algún partido me prometa que va a bajar los impuestos, me acordaré de la inseguridad ciudadana y no le votaré. El Estado debe garantizar -entre otras cosas- la educación, la salud y la seguridad de los ciudadanos. Si se siguen bajando los impuestos, seguiremos sufriendo las deficiencias de la educación pública, la sanidad pública y la seguridad ciudadana. Señores políticos, menos demagogia y mejor gestión. Y si hay que recaudar más dinero para que haya más profesores en más colegios, más personal sanitario en más hospitales y más policía, pues los impuestos deberán subir, obviamente.

Miriam Álvarez Gallego, Licenciatura en peligro, carta al director de El País.

...la licenciatura de Ciencias Medioambientales se encuentra clasificada como no imprescindible para el nuevo sistema. Es decir, quieren eliminar la existencia de Ciencias Ambientales.

Los ambientólogos somos completamente necesarios en las universidades y en la sociedad, dado que si no fuera por nuestro papel, ¿quién parará los desastres medioambientales que proliferan cada vez más debido a la falta de responsabilidad, gestión y conciencia ambiental?

Pijus economicus, bitacorero.

Todos los que este texto estemos leyendo somos personas, y en algunos casos también consumidores, pero me extrañaría que hubiese algún capitalista. El capitalista es aquél que posee medios de producción, y que puede vivir alquilando la fuerza de trabajo ajena en el mercado de trabajo. Invertir en un fondo de pensiones no convierte a uno, en modo alguno, en capitalista. Seguirá teniendo que alquilar su propia fuerza de trabajo para vivir.

...una persona no es en todo momento un consumidor. Efectivamente, para que una persona sobreviva tiene que consumir, al menos, lo mínimo para mantenerse con vida biológicamente, mientras que el resto del consumo es innecesario con respecto a ese mismo fin. Sin embargo, la persona tiene muchas más necesidades que no entran dentro del concepto de “consumo”, y que responden a cuestiones de afecto, salud y estabilidad emocional.

La ciencia económica ortodoxa se ocupa únicamente de los consumidores, equiparándolos a un ordenador que consume energía, y olvida todo lo demás. Los teoremas formados bajo esos supuestos, por tanto, excluyen el tratamiento de la felicidad del individuo en su aspecto global, y, uniformados en bata blanca, los economistas reordenan la vida económica para que todos consuman.

...las instituciones, la sociedad y cualquier estructura que trascienda al individuo surgen de la actividad del ser humano. No se puede aceptar el holismo. Sin embargo, la pregunta es el “cómo surgen”... No aparecen democráticamente en una relación de igual a igual, sino que se forman a través de métodos tan injustificables como el miedo y la fuerza. Así nacen, históricamente, los estados y las empresas. La propiedad privada, impuesta por la fuerza bruta, ha derivado en la fuerza del poder económico. La herencia del capital es el dolor y el esfuerzo, siempre de otros.

...esa influencia que tienen las estructuras superiores sobre el individuo no son comparables a las influencias entre personas. No es de la misma naturaleza la influencia que tiene Rallo sobre sus amigos en la calle que la que tiene una determinada empresa para concienciar a potenciales clientes.

...podemos comprobar que los diseños en ropa de las grandes empresas suelen convertirse en moda, mientras que empresas con menos poder económico no tienen esa capacidad, a pesar de que sus productos suelen ser los mismos.

¿Por qué Rallo dice que no es nociva esta última influencia? Pues porque él defiende la ley del más fuerte. Su mensaje es: “privaticemos, y que gane el mejor, que se lo merece”. Para llegar a esa conclusión hay que aceptar que lo que cada uno tiene en el momento de decirlo es lo que le corresponde por sus esfuerzos, y para ello hay que negar la historia y el desarrollo.

Las leyes económicas de oferta y demanda son leyes básicas derivadas de las matemáticas, y por tanto, viven en mundos irreales atemporales. Sin embargo, otras leyes son absolutamente dependientes del contexto, como las derivadas del funcionamiento del mercado.

Ramón Tamames, Eramos pocos… y Europa parió a Montenegro, Periodista Digital.

¡Pobre Europa, sin iniciativas plausibles en I+D+i, sin Constitución, sin fuerzas armadas comunes, con el enemigo dentro (el Reino Unido como caballo de Troya de EE.UU.), y promocionando cualquier clase de independencias; como sucedió hace 24 horas con una republiquita más … y bastante menos de sentido común.

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Un Estatuto de progreso, El País.

Lo importante es que hay un nuevo texto, que va a entrar en vigor y que urge saber si va a cambiar en algo nuestras vidas como andaluces, y para qué.

Andalucía ha dado un paso adelante en su configuración interna conforme a un modelo social avanzado. Los derechos sociales, entendidos como prestaciones a las que se obliga la Junta de Andalucía son sólo una parte de ese modelo, pero significativa. El Estatuto incluye, por ejemplo, el derecho a la gratuidad de los libros de texto, los derechos de los usuarios de la sanidad, el testamento vital, la renta básica. En materia de medio ambiente el nuevo Estatuto obliga a los poderes públicos andaluces a mantener una actitud beligerante en materia de control de residuos, a evitar la especulación urbanística y a potenciar la energía renovable. Se trata de ejemplos elegidos casi al azar, pero que dan una idea de la orientación del Estatuto hacia un sistema político más humano, más cercano al ciudadano.

Juan Orellana, El código Da Vinci, suplemento Iglesia de Libertad Digital.

Que Cristo sea Dios no puede demostrarse por el Carbono 14, aunque su resurrección está rodeada de indicios coherentes con una demostración científica, sino porque obró y obra cosas que son imposibles para los hombres, especialmente la más inaccesible a la voluntad humana como es cambiar el corazón, colmar sus anhelos, llenarle de alegría, introducir una dinámica de positividad, amor, perdón... que rompe todos los límites de la muerte y del mal. Ese ha sido el motor de la historia y es la explicación de que una realidad tan llena de pecado como la Iglesia sea la única que atraviesa la historia engrandeciendo la humanidad de todos los que sinceramente se dejan tocar por ella.

Fernando Álvarez-Uría, profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense, La privatización es un robo, El País.

Nuestras sociedades dicen promover algunas conquistas históricas que requirieron siglos de luchas y de esfuerzos por parte de millones de seres humanos. Entre esas conquistas figuran valores que son ya patrimonio de la humanidad, tales como la igualdad, la fraternidad y la libertad, pero en la práctica estos principios constitucionales distan de haberse hecho realidad. Las desigualdades sociales van en aumento, la lógica del beneficio personal prima sobre los intereses comunes, las libertades se ven recortadas en la sociedad del espectáculo por la crisis del trabajo y la precariedad laboral. Millones de ciudadanos se sienten incapaces de asumir libremente un proyecto consecuente de sus vidas, pues carecen de soportes económicos, culturales o relacionales en los que apoyarse. El resultado es una merma de credibilidad en la democracia que alimenta el reencantamiento del mundo, es decir, el retorno de los irracionalismos religiosos, los fundamentalismos liberticidas, el refugio en la privacidad, la omnipresencia de las cuestiones de identidad. No nos podemos bajar de este mundo en marcha, pero tenemos derecho a proclamar que no nos gusta el rumbo que, desde el puesto de mando, han marcado los grandes líderes políticos, que actúan al dictado de los grandes poderes financieros.

Desde finales de los años setenta, la retórica neoliberal, proclamada a bombo y platillo en Estados Unidos y en Europa occidental por los poderes mediáticos, se ha impuesto de forma acrítica en nuestras sociedades como si se tratara de una verdad revelada. En realidad, los mentores del nuevo credo liberal, los nuevos dioses del olimpo económico, tienen nombres y apellidos. Entre los principales defensores de la nueva economía destacan algunos sacerdotes del mercado, como Friedrich Hayek, Milton Friedman, Gary Becker, así como el recientemente fallecido Robert Nozick. La prestigiosa Universidad de Harvard ha servido de eco a sus voces y ha puesto sordina a las razones de sus detractores, de modo que fuera del liberalismo no parece haber salvación. Términos tales como espíritu de empresa, liderazgo, flexibilidad, ajuste económico, saneamiento, competitividad, privatización, liberalización... figuran escritos con letras de oro en los catecismos de la mayor parte de los gobiernos. No son consignas aisladas, responden a un programa cuidadosamente diseñado mediante el cual algunas selectas mentes universitarias rinden pleitesía a los nuevos amos del universo. El principal enemigo a derrotar no es otro que el Estado social. Las políticas de privatización constituyen, desde hace dos décadas, el ariete con el que golpean los representantes del neoliberalismo para derribar los sistemas de protección del Estado social.

Hubo un tiempo en el que a la fallida utopía liberal tan sólo se oponía el sueño del socialismo democrático. Masas de miserables lucharon y dieron sus vidas por construir una sociedad igualitaria que nunca se hizo realidad. El relanzamiento del liberalismo en los años ochenta y noventa del siglo XX hunde sus raíces en el fracaso de la utopía socialista, pero las políticas neoliberales, en su ciego empuje mercantilizador, amenazan con derribar los pilares instituidos del Estado social keynesiano, surgido de la derrota de los fascismos. Liberalización, el término talismán que el Gobierno español promocionó con la ayuda de los berlusconi de turno en la cumbre de Barcelona, significa sobre todo un ataque contra las viejas formas de garantía social, incluido el derecho de los trabajadores a la jubilación.

Frente a la fracasada utopía liberal, y frente a la irrealizada utopía socialista, el Estado social surgió tras el baño de sangre de la Comuna de París para crear un espacio de negociación entre las dos grandes clases sociales en pugna: los propietarios y los proletarios. Los primeros hicieron de la propiedad privada un derecho sacralizado por la legislación. Los segundos soñaban con abolir la propiedad privada para instaurar el socialismo, es decir, la colectivización de los recursos de la tierra en beneficio de todos. El Estado social, en tanto que expresión de los intereses colectivos, no abolió la propiedad privada, pero creó una nueva forma de propiedad, la propiedad social. La propiedad social es la propiedad de todos avalada por el Estado de derecho y, por tanto, es la única propiedad de la que efectivamente gozan los no propietarios, la gente sin condición. Mediante la propiedad social, los pobres pudieron acceder a la riqueza de un patrimonio común. Se instituía de este modo en el puesto de mando el principio de la solidaridad, que alcanzaba su plena expresión mediante el desarrollo de las instituciones públicas, y también a través del buen funcionamiento de los servicios públicos. Fue así como las instituciones públicas de enseñanza, la sanidad pública, las bibliotecas, los museos, las industrias y las obras públicas, las viviendas sociales, en suma, las políticas de protección social, gozaron de una gran legitimidad democrática. Frente a la lógica del beneficio privado el Estado social ponía límites a la lógica mercantil, y mediante la propiedad social garantizaba un espacio de integración para todos, y especialmente para aquellos que por carecer de propiedades corrían el riesgo de quedar descolgados del grueso de la sociedad.

A partir de la denominada década neoliberal, los embates contra la propiedad social, contra las políticas e instituciones protectoras articuladas en torno a la seguridad social, no han cesado de incrementarse. Para legitimar este expolio organizado era preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Fue así como en esta economía sin sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y la corrupción pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.

El triunfo del mercado y de la lógica liberalizadora conduce a la barbarie, conduce a las vacas locas y a Gescartera, impone el sálvese el que pueda, que se incrementa a un ritmo directamente proporcional al deterioro del Estado social. La bipolarización de la sociedad entre ricos y pobres adquiere entonces un ritmo galopante, y en la medida en que se debilita o desaparece el colchón amortiguador de la propiedad social, la sociedad pierde su vertebración. Crece el imaginario del miedo, el imaginario de la inseguridad, las víctimas son convertidas en enemigos, y se debilita la fuerza de cohesión de las clases medias para dar paso a sujetos en flotación que, como los supervivientes de un naufragio, tratan de mantenerse a flote perdidos en el mar.

La privatización es un robo, pues transfiere a los ricos la propiedad de los pobres, y por tanto, priva a la sociedad de su principal base de integración. Ante este asalto programado a las instituciones públicas -que pasa también por su patrimonialización partidista, lo que no deja ser otra versión perversa de la privatización-, únicamente cabe asociarse y resistir, pues lo que está en juego es la pervivencia misma de la ciudadanía social.

J. M. Keynes ha señalado en sus Ensayos sobre intervención y liberalismo que una de las falacias de los apóstoles del liberalismo consiste en definir una forma liberal de progreso que impide en la práctica otras formas alternativas de perfeccionamiento social, de tal modo que las políticas liberales se convierten en una profecía anunciada que sirve de confirmación al credo liberal. Las políticas liberalizadoras reposan en el dogma de que los intereses individuales de quienes triunfan en la lógica del mercado deben de ser preferidos a los intereses del conjunto de la sociedad protegidos en el marco del Estado social. El neoliberalismo es un fundamentalismo que se ignora. En el otro polo se sitúan los movimientos antiglobalización, que, cada vez más, van cobrando cuerpo y coherencia. No deja de ser una ironía que a la fuerza de la razón que ampara a estos movimientos los gobiernos de los países ricos, lejos de ser sensibles a sus demandas, únicamente hayan respondido apelando, como si de delincuentes se tratara, a las fuerzas del orden. Los líderes mundiales, protegidos en fortalezas sitiadas como cámaras acorazadas, parecen incapaces de darse cuenta de que si la gente sale a la calle y se pone a gritar reclamando cotas más altas de justicia e igualdad es, en último término, porque unos gobernantes democráticamente elegidos y elegantemente vestidos no sólo no les escuchan, sino que les están intentado privatizar con premeditación y alevosía una casa común en la que todos tenemos derecho a habitar.

Boris Izaguirre, cadena SER.

El PP se está convirtiendo en muchísimo más antidemocrático que ETA.

Isabel Tamarit, coordinadora del área de Responsabilidad Social Corporativa de Intermón Oxfam.

En 2004 la Alianza Juega Limpio (que incluye a Oxfam Internacional, Campaña Ropa Limpia y sindicatos) retaron a estas empresas a que mejoraran las condiciones laborales, pero lamentablemente poco ha cambiado. El derecho de los trabajadores a crear sindicatos es fundamental para lograr las grandes mejoras que se necesitan en las fábricas, pero muchas marcas siguen sin querer mover balón en este tema.

A menos que los trabajadores sean capaces de negociar de manera colectiva las mejoras de salarios y condiciones laborales, compañías como FILA seguirán repitiendo estos comportamientos intolerables.

El despido de estos trabajadores envía una señal muy equivocada a las marcas deportivas. Les dice que es aceptable discriminar a los trabajadores que pertenecen a un sindicato. En el pasado, Adidas mostró un liderazgo dentro de la industria y la compañía debería continuar por esa senda, asegurando que la fábrica readmite a esos trabajadores.

La industria de la ropa deportiva representa una valiosa fuente de trabajo en Asia. Pero los consumidores y trabajadores tienen el derecho confiar en que las marcas no exploten a las personas que fabrican los productos que consumen.

Ronald Dworkin, Bentham professor of law at University College London, It is absurd to calculate human rights according to a cost-benefit analysis, The Guardian.

Most political decisions require a cost-benefit balancing in which disadvantages to some are outweighed by the overall benefit to the community. Building a new airport is bound to disadvantage some people, but the damage is justified if it is the best choice for the nation. However, some injuries to individuals are so grave that they cannot be justified by declaring that that is what the public wants. A civilised society recognises rights precisely to protect individuals from these grave harms.

Gregg Easterbrook, fellow at the Brookings Institution, Finally feeling the heat, The New York Times.

That research is now in, and it shows a strong scientific consensus that an artificially warming world is a real phenomenon posing real danger.

Mr. Bush should speak to history by proposing a binding greenhouse-credit trading system within the United States. Waiting for science no longer justifies delay, as results are now in.

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha impuesto una multa por un total de 300.000 euros a Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés y Mercadona, a razón de 75.000 euros a cada una, por llevar a cabo prácticas anticompetitivas consistentes en imponer un sistema de seguridad determinado a los proveedores de bebidas alcohólicas.

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) presentó una denuncia en diciembre de 2002 contra estas grandes superficies porque concertaron sus políticas comerciales frente a sus suministradores de bebidas alcohólicas (Allied Domecq, Diageo, Bacardí, Larios Pernod Ricard y Varma), haciéndoles saber que "todos aquellos productos que por su tamaño, coste, valor estratégico e importancia en el índice de hurto así lo justifiquen, deberán ser entregados al canal de distribución debidamente protegidos con etiquetas de radiofrecuencia desactivables de 8,2 Mhz".

El tribunal considera que la implantación en origen de un determinado sistema de seguridad es una decisión que afecta a los costes y las relaciones comerciales de cada distribuidora con sus proveedores y que, por tanto, debe adoptarse con absoluta autonomía respecto al resto de competidores. A la hora de imponer la sanción, el tribunal ha valorado la importante presencia de mercado de las empresas denunciadas y, al mismo tiempo, que estas empresas cesaron en la imposición del acuerdo denunciado una vez se inició la investigación por parte del Servicio de Defensa de la Competencia, lo que ha permitido que los efectos reales en el mercado hayan sido muy reducidos.

Rafael Santamaría Trigo, Un buen Código que necesitará una buena gestión, Cinco Días.

A nadie se le escapa la importancia de la reciente aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Que el Código era necesario desde el punto de vista social resulta evidente. Responde a las demandas de una sociedad, la española, que crece en responsabilidad y exigencia.

Manuel Chaves González, presidente de la Junta de Andalucía, La realidad de Andalucía, El País.

Y es verdad que, sin restar méritos a nadie, los grandes progresos de la España democrática han estado siempre ligados a etapas de gobiernos socialistas. Como ahora.

Gusten o no, estas reformas hay que respetarlas como una expresión de normalidad democrática. En una democracia representativa, los ciudadanos no deciden cada día sobre las razones de Estado. Lo que sí hacen es un depósito de confianza en sus representantes, vinculados por un programa electoral. A quienes somos elegidos sí que nos compete tomar decisiones de largo aliento, diseñar el futuro para la sociedad, adoptar decisiones trascendentes y hacerlo además con un amplio horizonte.

Polly Toynbee, Forget drought: first we have to end this cowardice, The Guardian.

...one privatisation will always stand out as an unequivocal scandal: the privatisation of water. It is used all over the world as a classic example of what not to do. Making millions out of an element that falls freely from the skies - profiteering from rivers, rain and clouds - affronted most citizens. It gifted shareholders an absolute monopoly over a necessity no one could do without. There was no chance to choose from another supplier (unless perhaps bathing in Perrier). The price of water doubled, great profits were made and the public got nothing.

Bamse, Swedish teddy bear cartoon character.

In Bejing there is the greatest square in the world – Tien An Men. Tiananmen Square. On October the first of 1949 millions of people joined together there to hear Mao Zedong proclaim the People's Republic of China. The country was liberated from the warlords, businessmen and foreigners who had ruled previously. Before this liberation, many millions of people starved to death. After 1949 food has been distributed fairly and nobody starves.

Santiago Carrillo, ex secretario general del PCE, La estrategia del temor, El País.

En este país, muchas personas de buen juicio contemplan con intranquilidad el comportamiento estridente y agresivo de los líderes del Partido Popular. Recuerdan con nostalgia los tiempos de la Transición, cuando la UCD de Adolfo Suárez ocupaba los escaños de la derecha en el Congreso de los Diputados.

Hoy, tras cerca de treinta años de libertades, con un amplio ejercicio de la democracia, cuando la estrategia política de las grandes tendencias de izquierda o derecha en Europa se encamina a buscar el voto de lo que se considera corrientemente el centro moderado procurando abrir hacia éste sus planteamientos y sus programas, en España nos encontramos con una derecha que los cierra cada vez más, que se arma ideológicamente con ideas del pasado y cada vez es más bronca, más desafiante. La provocación y la intolerancia animan casi todas sus intervenciones públicas. Ha convertido los debates parlamentarios en auténticos escándalos, con un lenguaje barriobajero y chulapón, amenazando groseramente a todo el que no piense como ellos.

El espectáculo que el PP está dando en el Parlamento levanta la duda entre un número cada vez mayor de españoles de si el PP, bajo su dirección actual, es verdaderamente un partido parlamentario y democrático. Cada vez va a ser también mayor la duda de si las fuerzas económicas solventes, los conservadores que han aceptado el juego democrático, puedan sentirse representados por gentes como Pujalte, Acebes, Zaplana y comparsas.

El PP está dejando vacío el espacio que debería ocupar un partido conservador serio y moderno.

Habrá quien se pregunte cómo a mí desde la izquierda, con mi connotación de rojo, me preocupa tanto la deriva del PP. La respuesta es simple: si bien es cierto que este sistema en que vivimos está lejos de colmar mis aspiraciones ideales, me importa mucho la conservación y consolidación de las libertades democráticas alcanzadas hasta el día de hoy. Y querría tener la seguridad de que ninguna de las alternativas de gobierno normales en democracia encierra el riesgo de recortarlas o incluso perderlas.

Agencia EFE.

El grupo 'Rumbo Propio para el Zulia', que se define de extrema derecha, propone un plebiscito para alcanzar la autonomía de esa región del oeste del país e instalar un gobierno 'capitalista liberal' que haga frente al socialismo del presidente Hugo Chávez.

John Maynard Keynes, en su prólogo a la edición alemana de La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.

La teoría de la producción agregada, que es la que este libro pretende proporcionar, se adapta más fácilmente a las condiciones de un estado totalitario, de lo que lo hace la teoría de la producción y distribución de un producto dado producido en condiciones de libre competencia y grandes dosis de laissez-faire.

Al final de la marcha organizada por el Programa Mundial de Alimentos, Fernando Casado, director de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas, leyó un comunicado en el que reclamó más atención de la comunidad internacional para solucionar el problema de la desnutrición. "Cada día mueren en el mundo 18.000 niños, pero hay alimentos de sobra para todos. Lo dijeron los 191 países que firmaron hace seis años los Objetivos del Milenio y que se comprometieron a erradicar el hambre del planeta antes de 2015. Es cierto que estamos muy lejos de acabar con el hambre pero somos la primera generación que puede conseguirlo". Casado pidió más recursos para combatir la desnutrición, la vieja demanda del 0,7% del Producto Interior Bruto de los países que más tienen para los países del Tercer Mundo, nuevas leyes de comercio internacional y una apuesta por un nuevo modelo de desarrollo y de convivencia.

María Antonia Trujillo Rincón, Una inversión de futuro, Cinco Días.

El Código Técnico de la Edificación (CTE)...

El nuevo Código unifica y actualiza la normativa de aplicación en los edificios con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio ambiente. El proceso de la edificación, por su directa incidencia en la configuración de los espacios, implica siempre un compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equilibrio medioambiental de evidente relevancia, desde el punto de vista del ciudadano particular y del interés general de la sociedad.

La ventaja más inmediata de la aplicación del Código será el incremento de la calidad en la construcción y uso de los edificios, respondiendo, por una parte, a las demandas de los ciudadanos sobre habitabilidad y seguridad, y por otra, a la responsabilidad de la sociedad con respecto a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad del proceso constructivo.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo Código es la reducción del consumo de energías no renovables de los edificios, estimado en un 25% respecto a los valores actuales. Para alcanzar este objetivo, se establecen una serie de medidas que combinan la reducción de la demanda, mediante la mejora de los aislamientos térmicos, el aumento de la eficiencia de los equipos y sistemas y el aprovechamiento de energías alternativas, mediante la incorporación de paneles solares que aprovechen la energía gratuita y renovable procedente del sol, tan abundante en nuestro país.

Para alcanzar estos niveles de calidad es necesario invertir en materiales, productos y sistemas que produzcan un ahorro sustancial en el consumo de energía y, por tanto, en la factura energética de cada ciudadano particular y de la sociedad en su conjunto, que suponga una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los beneficios que se persiguen justifican ampliamente la inversión que supone la aplicación del Código Técnico de la Edificación, ya que se trata de mejorar hoy la calidad de los edificios para disfrutar de las ventajas en el futuro, disponiendo de un entorno construido eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente.

Contribuir a construir ciudades más eficientes en términos económicos, más equitativas en términos sociales y más sostenibles en términos ambientales es el objetivo central del Ministerio de Vivienda al cual encaminamos todas nuestras políticas y esfuerzos.

David Vegara, secretario de Estado de Economía, entrevista en El País.

P. ¿Cuánto subirán este año los tipos de interés?

R. No hacemos previsiones, aunque parece que hay una tendencia ligeramente al alza de los tipos, pero ni muy rápida ni muy contundente.

P. ¿Aguantarán las familias? Porque están más endeudadas que nunca por la vivienda.

R. No hay que dar voces de alarma. Las entidades financieras, cuando dan créditos, aplican una metodología para calcular los riesgos y hay una supervisión del Banco de España. Y por supuesto uno siempre tiene que confiar en que los ciudadanos son lo suficientemente maduros para tomar sus decisiones. Si esto lo unimos a que todo indica que las subidas de tipos serán lentas y no contundentes, pues uno debe de transmitir un mensaje de prudencia por supuesto, pero también de relativa tranquilidad.

Leire Pajín, secretaria de Estado de Cooperación, entrevista en El País.

Hay que intentarlo todo ante esos ciudadanos africanos que huyen de la miseria y los conflictos.

...hay que poner medidas para hacer productivas las remesas que envían los inmigrantes.

El reto que tenemos es hacer cómplices a los ciudadanos en la lucha contra la pobreza y evitar que tantas esperanzas de inmigrantes se den de bruces en nuestras playas.

La sociedad tenía una deuda con los cooperantes.

Ana Pastor, responsable de políticas sociales del Partido Popular, entrevista en El País.

Defiendo las políticas de igualdad de oportunidades. Por eso presenté en el Parlamento una ley con medidas en favor de las mujeres, aprobada en el Senado y sin discutir en el Congreso. En nuestra generación hemos sido superwomen: trabajamos dentro, fuera, queremos hacerlo bien. Y hay unas políticas públicas que son aún insuficientes.

P. ¿Está a favor de las medidas de discriminación positiva?

R. Estoy a favor de las políticas positivas a favor de la mujer, como incentivos a su contratación o la baja paternal, para que un empleador vea enfrente a un hombre y a una mujer y vea las mismas posibilidades de que ambos sean padres.

No estoy ni en la conciliación ni en las cuotas, sino en otro modelo: políticas a favor de las mujeres.

P. ¿Qué hacer con la prostitución?

R. Tengo dudas sobre cuál es la mejor política en este tema, pero creo que hay que dar oportunidades a las mujeres para que puedan abandonar esa actividad y luchar contra las mafias.

P. ¿Y con la eutanasia?

R. El gran reto es que todos los centros sanitarios deben tener cuidados paliativos. Hay que aliviar y curar, pero sin llegar al encarnizamiento terapéutico.

P. Su primera crítica al proyecto de Ley de Dependencia es que no va a haber dinero para cuidar a todos los que necesiten.

R. Coincido con los objetivos y los fines de la ley. El PP va a apoyar al Gobierno, pero le ha hecho tres planteamientos. Queremos que la ley diga que esto es un derecho universal, subjetivo y en Seguridad Social, que sea para todos. Debe tener un modelo como el sanitario de tal manera que la persona con Alzheimer tenga derecho a los mismos servicios en uno y otro sitio. Y nos gustaría que no hubiese nadie con gran dependencia que careciera de atención por no tener recursos económicos.

P. ¿Descarta el copago para esos casos?

R. No entiendo cómo va a aportar alguien su patrimonio para le atiendan un Alzheimer grave cuando no lo pone para que le operen una catarata. La ley dice que el Estado garantizará una cobertura mínima, que no es lo mismo que básica, que es lo que se necesita. El convenio con las comunidades no va a servir para llegar a un sistema equitativo, porque se parte de situaciones desiguales. Hay que hacer un modelo de financiación como el de la sanidad, que tiene en cuenta la población, el envejecimiento y la insularidad. Se lo plantearé al Gobierno.

P. ¿Cuánto habría que gastar?

R. El Gobierno ha planteado 375 euros mensuales en 2015 de gasto por dependiente. Pero los costes sociosanitarios crecen por encima del PIB porque crece la demanda, el envejecimiento y el coste de la tecnología. La estimación media que manejo serían al menos 500 euros por persona.

P. El Gobierno ha impulsado las cuatro leyes sociales citadas. ¿Por qué el PP no lo hizo?

R. Pusimos en marcha reformas que consolidaron el sistema de pensiones y gracias a eso hoy podemos hablar de dependencia, por ejemplo. Se hicieron muchas cosas. Este Gobierno pondrá una ley de Igualdad sobre la mesa y yo apoyaré las medidas en favor de las mujeres, porque soy mujer, porque creo que a día de hoy la mujer sigue estando discriminada; porque creo que vivimos en un país todavía excesivamente machista y que las mujeres no están en todos los sitios donde les corresponde.

Carmen Montón Giménez, diputada del Partido Socialista por Valencia y coordinadora federal de Organización Sectorial y Participación Ciudadana del PSOE, Cuestión de derechos humanos, El Mundo.

La transexualidad es una realidad desconocida, incomprendida, excluida y discriminada.

No sólo debemos hacer el esfuerzo de comprender el drama de aquellos ciudadanos o ciudadanas que se encuentran en esta situación, sino que toda la sociedad debe asumir este problema como propio, y actuar junto a ellos, a fin de dar solución a una situación que sólo puede percibirse como injusta.

Por eso, nuestra obligación es legislar para corregir esa injusticia y por eso se plantea la Ley de Identidad de Género.

El sexo morfológico no puede y no debe convertirse en una jaula, que constriña al individuo y le limite con respecto al sexo que siente como propio.

Esto ya lo prevé nuestra Constitución cuando proclama el derecho al libre desarrollo de la personalidad y establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación, entre otras, por razón de sexo.

¿Qué mayor discriminación hay que aquélla que no permite a una persona vivir con el sexo que siente?

La futura ley no es una propuesta frívola, sino que es un compromiso con los derechos humanos, que es donde se enmarca el derecho a la identidad de género.

Los distintos y complejos efectos que se derivan de la transexualidad, unidos a la necesidad de fijar los requisitos para acceder al cambio registral de sexo, aconsejan, sin lugar a dudas, la elaboración de una ley específica.

La ley dará solución a los problemas vinculados a la identidad de género y contemplará el cambio registral relativo al sexo y al nombre, para así adecuarlos al sexo psicosocial, con garantías médicas y legales.

Con esta ley, comprometida en el último programa electoral del PSOE, conseguiremos un país con menos hipocresía y con menos doble moral. En definitiva, un país más decente.

Eduardo Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Más paradojas y simetrías, El País.

Fue este mismo aliento el que alumbró la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 y las Cortes Españolas sancionaron con un espíritu cercano al contrato social. Había que recuperar el tiempo y darle a la creación un espacio legal desde el que desarrollara un segundo Renacimiento que traería una España más beligerante en el plano internacional y una ciudadanía instruida e ilustrada. Y todo gracias a las obras que los creadores aportaban. Este espíritu de 1987 fue simétrico con el que en 1931 los intelectuales y creadores sacudieron la conciencia social adormecida y alumbraron la Segunda República. Y aquí viene la paradoja inexplicable. ¿Qué parte del discurso y de la praxis de la Segunda República se está celebrando, cuando sectores del Gobierno proponen y el Congreso de los Diputados acepta una reforma que condena al ostracismo a los autores de cine y obras audiovisuales en el espacio digital?; ¿qué progresismo hay en esas propuestas que impedirán a los creadores y artistas, si nadie lo remedia, participar en la explotación de sus obras, cuando gracias a ellas se pone en marcha un negocio de más de 7.000 millones de euros y a cambio sólo reclaman un canon compensatorio de copia privada que asciende a 70 millones de euros, esto es, más o menos un 1% del negocio?; ¿quién explica la propuesta de reemplazar la capacidad negociadora de autores y artistas con los sectores industriales cuando ambas partes discrepen por una comisión interministerial que podrá establecer tarifas sustitutorias?; ¿por qué los artistas y autores no pueden fijar las condiciones de uso de sus obras hasta que éstas pasen a dominio público y sean libremente utilizadas?

Desde la gesta de los mártires de Chicago hasta nuestros días, los trabajadores han consolidado un cuadro de mínimos que el Estado del bienestar respeta y que los sindicatos esgrimen para defender sus conquistas. Aquí viene otra simetría sangrante: esos mismos sindicatos no defienden a los creadores, ni secundan su lucha por preservar su independencia económica. Bien al contrario, hemos asistido al espectáculo bochornoso de leer el apoyo de Comisiones Obreras a una plataforma sostenida y financiada por las patronales tecnológicas contra la remuneración por copia privada.

¿Por qué ocurre esto? ¿Es que hay algún lector ingenuo que crea que si no hubiera creadores existirían películas, libros, discos, teatros, salas de concierto, tiendas de música, bares musicales, cines, fiestas populares, fábricas de productos para el uso y consumo cultural, emisoras de radio y televisión y un largo etcétera cuyo volumen de negocio se cifra en más de 10.000 millones de euros y en más de un millón de puestos de trabajo?

...estamos a la cabeza del poder cultural, por delante de eminentes países detentadores del poder duro. Gracias a los creadores, a los Cervantes, Velázquez, Calderón, Goya, Murillo, Picasso, Dalí, Manuel de Falla, Albéniz, Aleixandre, Juan Ramón, Cela, Almodóvar, Amenábar, Saura, Miró, Tàpies, Casals, Barceló, Alejandro Sanz, Serrat, Mecano, Bunbury y otros muchos, España es hoy una potencia mundial. Y digo hoy, porque mañana, con una ley desvirtuada por las presiones de lobbies, no será suficiente para seguir tirando de la avanzadilla cultural; ni teniendo este idioma fantástico y universal, el español, vamos a poder seguir siendo esa potencia cultural de la actualidad. Todavía tenemos la esperanza de que el Senado devuelva al Congreso de los Diputados el texto, con la recomendación de reconstruir el espíritu y la letra de la ley de 1987 que ha permitido el desarrollo de unas industrias culturales competitivas e internacionalizadas y que ha dado a España una imagen de modernidad y creatividad. Si nadie discute la ventaja intrínseca para todos del Estatuto de los Trabajadores, ¿cómo hay algunos que cuestionan a estas alturas el Estatuto de los Intelectuales, que es la Ley de Propiedad Intelectual?

Pedro Sepúlveda Gutiérrez, Dicen que Galbraith no era economista, Cinco Días.

Cuando John Kenneth Galbraith fue propuesto hace tres años para el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman dijo de Galbraith: 'No puede ganar un Premio Nobel de Economía porque no es economista'. Es el mismo Friedman, autor del modelo en el cual se basaron los economistas, los llamados Chicago boys de Pinochet, en los años setenta y parte de los ochenta, para aplicar unas medidas que generaron tres profundas crisis económicas, que tuvieron como resultado la rápida destrucción del tejido industrial, por tres veces en 17 años y que algo más del 40% de la población de Chile acabara en la categoría de extrema pobreza.

El propio Friedman tuvo que llamar al orden a sus discípulos, al comprobar que su modelo teórico sólo se podía aplicar en ese extremo, bajo un régimen político no democrático. Es decir, en una dictadura en que los factores económicos estuviesen absolutamente controlados, en que el discurso fuese de una libertad de mercado, siempre y cuando se hiciese lo que el poder político ordenase, definiendo lo que se podía y lo que no se debía hacer, un laissez faire muy especial, que por su propia incoherencia no podía sostenerse.

Es decir, John Kenneth Galbraith no era economista porque relacionaba la economía y la política, porque reconocía las relaciones de poder que se dan en un mercado, porque reconocía la asimetría que se da en el poder de negociación de los diferentes stakeholders que participan en la creación de una cadena de valor.

...cosas que todos sabemos y que no se quieren decir, como, por ejemplo, que existe la creencia en una economía de mercado en la que el consumidor es soberano.

La realidad es que el tratamiento que se da a los consumidores, a los pequeños accionistas y a los ciudadanos es cada vez menos adecuado a un soberano. Se ha impuesto la cultura del bajo coste y eso está muy bien, siempre que se mantuviera la relación del concepto de los productos y servicios en forma adecuada. La prioridad es en el enfoque de costes, sacrificando la calidad de los productos y servicios, maltratando al que denominamos soberano.

Ken Livingstone, alcalde de Londres.

Una cosa que el jefe Mao hizo fue acabar con esa espantosa constricción de los pies. Solo eso justifica la era Mao Tse Tung.

Gemma Hussey, directora de la Fundación Europea para la Mujer en Irlanda, entrevista en ABC.

-¿Cuál es el mayor problema común de las mujeres?

-La existencia de un techo de cristal invisible en su ascenso al poder. Y éste radica en un problema de actitud, no sólo de los hombres sino también de las mujeres. Para ellas es difícil hallar un equilibrio entre los hijos y el trabajo, pero esto ya lo han resuelto con éxito en Suecia, por ejemplo. En los países nórdicos, un espejo en el que debieran mirarse todos los países del mundo, los gobiernos tienen un 50% de mujeres. En consecuencia, la percepción social sobre ellas ha cambiado.

-¿Aboga por la discriminación positiva?

-Sí. Aunque sólo sea en un principio, establecer una especie de sistema de cuotas que favorezca la presencia de la mujer, no sólo en la política sino también en los negocios, me parece muy recomendable.

-¿En qué países de la Unión se han de redoblar hoy los esfuerzos?

-Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Eslovaquia. La UE debe definitiva y urgentemente ayudar a la Europa del Este. Tras estos años de transición, las mujeres, víctimas del tráfico de blancas y del mayor índice de paro, deben integrarse en la política, en los sindicatos. Las familias, tal y como están concebidas hoy, colapsan el sistema.

Emilio J. González, Una solución a medias, Libertad Digital.

El Partido Popular acaba de proponer la creación de un fondo de garantía de bienes tangibles, equivalente al fondo de garantía de depósitos para los clientes bancarios o al fondo de garantía de inversiones para los clientes de instituciones de inversión colectiva. La idea es bastante buena pero hace falta ir más allá.

...si los clientes de la banca y de las instituciones de inversión colectiva están protegidos por sendos fondos que les permitan recuperar su dinero en caso de problemas de solvencia de las entidades a las que han confiados sus ahorros, es lógico que aquellos que optan por la inversión en bienes tangibles cuenten con el mismo nivel de protección, una protección que parte de fondos constituidos y financiados por las propias empresas del sector.

Por otra parte, las inversiones en bienes tangibles son, en cierto modo, una especie de innovación del sistema financiero que permite canalizar el ahorro de los particulares hacia actividades importantes para la sociedad, como la reforestación del territorio a través de la inversión en árboles, o la promoción de la cultura a través de la inversión en arte. Se trata, por tanto, de inversiones que no solo pueden producir una rentabilidad financiera sino también social. Lo malo es que, como pasa siempre que se produce un escándalo como el del Fórum y Afinsa es que acaban pagando justos por pecadores en forma de pérdida de confianza de los inversores sobre el conjunto del sector de inversiones alternativas. Un sector que merece la pena que sea promovido y pueda expandirse, para lo cual es necesario que se adopten las medidas precisas para restaurar la confianza en el mismo. La propuesta del Partido Popular debe ser bien acogida desde esta óptica ya que constituye una contribución muy importante a la restauración de esa confianza perdida.

No obstante, y perdonen que siga insistiendo, aquí hace falta algo más. Las sociedades de inversiones alternativas no pueden seguir estando reguladas por el Ministerio responsable de los temas de consumo cuando tienen un componente financiero extremadamente importante, sobre todo desde el punto de vista del cliente. Lo que se necesita, por tanto, es que la propuesta del PP venga acompañada de una iniciativa legislativa que someta a estas compañías a la regulación y supervisión de uno de los organismos reguladores del sistema financiero, en este caso la CNMV. Desde el 1 de enero de este año, Holanda cuenta con una ley que incluye a todas estas sociedades y a cualquier tipo de inversión, tenga ésta la naturaleza que tenga, dentro del ámbito de competencias de la AFM, el equivalente holandés de nuestra CNMV. España tiene que seguir su ejemplo.

Lo que me preocupa es por qué ni el Gobierno ni la oposición plantean de una vez por todas esta cuestión, porque las responsabilidades políticas en todo este asunto tarde o temprano van a conocerse –y muchas apuntan hacia el Ejecutivo actual teniendo en cuenta cómo han actuado el Banco de España y la CNMV- y lo que exige el juego democrático en una sociedad moderna es que, con independencia de cuáles sean dichas responsabilidades, los políticos den la respuesta adecuada a un problema social y a los cambios que conlleva la propia evolución de la economía y la sociedad de un país avanzado. Por desgracia, dicha respuesta por ahora brilla por su ausencia.

Miquel Siguan, catedrático emérito de la UB Alguien tiene que decirlo, La Vanguardia.

El nuevo Estatut es indiscutiblemente mejor...

Vivimos en una sociedad neocapitalista, lanzada a la ganancia y al lujo que pretende compensar sus diferencias sociales escandalosas con un sistema de Seguridad Social que todavía funciona razonablemente bien...

José Melero Pérez, No hay vida digna sin muerte digna, carta al director de El País.

Conseguir una vida digna, una vivienda digna, un sueldo digno, una trato social digno, una atención médica digna... es un reto social asumido por los políticos, los sindicatos y por la sociedad en general.

Marcel Coderch Collell, de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, Sobre los residuos radiactivos, carta al director de El País.

En su editorial del pasado día 18, Residuos radiactivos, se da a entender que existe una controversia técnica entre el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) y el Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) para resolver la cuestión de los residuos radiactivos de alta actividad cuando tal controversia no existe, ya que estas propuestas atienden a problemas distintos. Sabido es que la peligrosidad de estos residuos permanece durante cientos de miles de años y que no hemos encontrado la forma de destruirlos o bien de mantenerlos aislados de la biosfera durante los miles de años que mantienen su radiotoxicidad. Ningún país del mundo ha resuelto este problema y por tanto sigue siendo un obstáculo infranqueable al que se enfrenta la industria nuclear.

Al no tener resuelto el problema definitivo de los residuos, que es lo que se pretende con los AGP y con la transmutación, la única alternativa consiste en guardarlos temporalmente en superficie a la espera de la solución definitiva. En eso consisten los ATC. Por tanto, la construcción de un almacén temporal centralizado no es una solución, sino el reconocimiento de que hoy no tenemos solución, descargando así la responsabilidad hacia generaciones futuras.

Katherine Ellison, Turned off by global warming, The New York Times.

Clearly, it’s time for some radical ideas about solving global warming. But where’s the radical realism when we need it?

Here’s the truly inconvenient truth: Scientists have long been warning that the world must cut back on greenhouse-gas emissions by as much as 70 percent, as soon as possible, if we’re to have a fighting chance of stabilizing the climate.

While the California governor backpedals, a team of scientists, economists and business executives have put forward a potentially revolutionary plan. Outlined by Ross Gelbspan, a former Boston Globe reporter and editor, in his book “Boiling Point,” the so-called Clean Energy Transition would start by turning over an estimated $25 billion in annual federal government payments now supporting the fossil-fuel industry to a new fund for renewable energy investments. It would also create a $300 billion clean-energy fund for developing countries through a tax on international currency transactions, while calling on industry to get in line with a progressive fossil-fuel efficiency standard, forcing greenhouse-gas emitters to immediately work on conservation.

If megaproposals like the Clean Energy Transition, which would get the ball rolling on a global level, still strike us as romantic and implausible, it’s only because our politicians, including the well-intentioned Mr. Gore, and smart, well-financed groups like Environmental Defense have denied us the leadership we need to achieve global warming solutions on par with the problem. Lacking such leadership, we’re left with little more than our increasing anxiety and that scary, speeding train.

Miguel Segarra Ortiz, secretario general de FSAP-CC OO., y Manuel Fajes Marta, secretario general de FSAP-CC OO de Cataluña, Hacia una simplificación del modelo de Administración, El País.

La sociedad reclama un modelo de Administración plural en la decisión, cooperativa en la gestión y con ventanilla única para la ciudadanía.

Eduardo Peris Mora, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Agresiones ambientales: polución y urbanismo, El País.

El recurso suelo no es inagotable. Por el contrario es polivalente y muy escaso pues como suelo primario cumplía una misión ecológica-social, además de económica. El suelo primario, sea o no explotado como suelo agrícola productivo aporta valores antrópicos o naturales y paisajísticos, de reoxigenación de la atmósfera y de lo que deberíamos empezar a apreciar de “simple horizonte”. La ocupación del suelo por construcciones es sin duda uno de los impactos más irreversibles sobre cualquier sistema. Una contaminación química o de cualquier otra clase puede, transcurriendo el tiempo, ser asimilada por el medio natural casi siempre. Las construcciones constituyen los impactos más duraderos sobre cualquier tipo de suelo; dicho esto sin menospreciar que en los casos que cualquiera pueda imaginar esas construcciones valían la pena.

La construcción inmobiliaria no está diseñada para atender a las necesidades del crecimiento vegetativo de la población. En el entorno mediterráneo se quiere construir más de un millón de nuevas viviendas pese a que, por ejemplo, solo en la ciudad de Valencia existen decenas de miles de viviendas deshabitadas. Quien diseña ese proyecto piensa en europeos que desearán venir al Sur a buscar naturaleza y paisaje. Una casa no se compra por el precio que vale sino por lo que cuesta en un mercado desequilibrado. El puro negocio especulativo, y la aceleración del flujo monetario que implica, representa una disminución de la renta familiar disponible de muchos millones de personas. No resulta fácil para cada una de ellas, convertirse en acusador/denunciante porque ¿Dónde está el culpable?

...nuestros hijos, nuestros nietos, seguramente se acostumbrarán a ese paisaje que les estamos preparando. Si tienen suerte, los más afortunados se irán a otros lugares ¿más al sur? A buscar aire y paisaje. Los menos afortunados terminarán de pagar las hipotecas que les dejaron sus abuelos. Los flujos migratorios seguirán en los dos sentidos mientras quede paisaje que alicatar.

Rafael Pampillón Olmedo, director del Area de Economía del Instituto de Empresa, El patriotismo económico perjudica al mercado, El Mundo.

...los informes de Transparencia Internacional señalan a América Latina como una de las regiones del mundo con mayor índice de corrupción. De ahí que las soluciones a los problemas de la región deban pasar por mejorar el funcionamiento de las instituciones, aumentar la estabilidad política, crear sistemas tributarios progresivos y recaudatorios...

...cuando los gobiernos son limpios y democráticos, la administración pública es eficiente, los sistemas fiscales son justos y redistributivos, se suprimen los favoritismos y los trámites burocráticos excesivos, se fomenta la competencia y hay seguridad jurídica; entonces, los países están en mejor situación para combatir la pobreza, generando más bienes y servicios y aumentando el empleo, los salarios y el bienestar.

Alí Rodríguez Araque, ministro de Exteriores de Venezuela, entrevista en El País.

Quien analice los acuerdos de libre comercio encontrará que el ser humano no existe en ellos, es una categoría ausente. Uno de los productos de estas políticas neoliberales es el fenómeno que está ocurriendo: la migración de millones de seres que buscan desesperadamente mejores condiciones de vida en el norte desarrollado.

Retarius, bitacorero.

Si aquellos que han “especulado” con vivienda, asumiendo una revalorización continua, se equivocan, no sólo ellos pagarán su error, sino también todos aquellos que hayan intentado acceder a la vivienda para vivir durante el período de precios artificialmente elevados. Porque yo no necesito comprar acciones, cuadros antiguos, o sellos, para vivir, eso son herramientas para rentabilizar mi capital. Pero sí necesito una casa, que es un bien de primera necesidad, no sólo un producto de inversión. Y aquí si veo justificada la intervención del Estado, la mínima necesaria, sí, pero eficaz. Eso sin contar con los efectos secundarios en la comunidad, como la caída de la natalidad o la retracción del consumo al quedar secuestrada buena parte de la riqueza del país en el ladrillo, en vez de circular, que es lo que crea seguridad y prosperidad.

Comprar un piso supone sacrificios y renuncias, pero no parece descabellado pedir que estos sean razonables, humanos…

Imperialista, bitacorero.

Estimado Bastiat, cada vez que he pedido una cierta concreción en estos comentarios os habéis encaramado a las ramas o habéis ido a triscar allende los cerros de Úbeda. Qué si el mercado patatín, que si la iniciativa privada patatán, pero respuestas concretas rien de rien. No hará falta que te explique que una vivienda no es un peine y por tanto no funciona igual el mercado de viviendas que el de los peines. Si hay una alta demanda de peines, se fabrican un porrón, se lanzan al mercado y se venden. Si se reducen costes más se gana. Si se ajusta el beneficio tal vez se gane menos pero en menos tiempo. A lo mejor alguien hace un peine sin púas y se arruina, es intrascendente, la libertad personal reside en eso. Pero una vivienda no: la vivienda se implanta en un territorio y tiene una repercusión diferente a la de un peine. En primer lugar, el propio territorio. En segundo, la energía del territorio. En tercer lugar, su relación con el resto del territorio. Y la vivienda la ocupan personas, que generan unas nuevas necesidades que el territorio debe satisfacer. Algunas antieconómicas, ajenas al mercado. Mi ejemplo –ya veo que poco entendido- trataba de evidenciar –sin éxito, parece- las consecuencias de no establecer una mínima regulación del territorio con tres iniciativas simultáneas, perjudiciales entre sí y con lo preexistente, pero coherentes con la perspectiva liberal dicha más atrás. Por lo que veo, algunos liberales son partidarios de levantar treinta plantas en un núcleo tradicional, lo que seguramente desde la doctrina será estupendo pero que en la realidad es un desastre.

Ahora bien, en su respuesta está dando las claves del urbanismo socialdemócrata actual. Si alguien quiere construir lejos de un núcleo debe pagar los gastos, todos los gastos, los propios de su urbanización y los de conexión en el territorio. Ahora es así. Es la administración quién ordena el crecimiento. Si el crecimiento es disperso, los costes disuaden del crecimiento, sólo crecen los de menos costes, es decir, lo más cercano a lo construido, sea núcleo o sea infraestructura de comunicación. Por eso está el suelo tan caro. Y sobre todo el más cercano a los núcleos urbanos. Y esto seguirá siendo así, por mucha liberalización del suelo que se pida o se otorgue. Aunque no existiera administración, este problema no lo soluciona el mercado.

Y otra cuestión más. Los liberales creen que todo se arregla con más alturas. Sobre el papel está muy bien, más alturas. ¿Y sobre el territorio? Para poder hacer más alturas hay que distanciar las edificaciones entre sí para garantizar el soleamiento de las viviendas y por unas mínimas condiciones higiénicas. Esto provoca una reducción de la ocupación sobre las parcelas y un menor aprovechamiento de la parcela. No hay que olvidar que a partir de cierta altura, los costes se disparan, lo que hace que las viviendas sean más caras. Pero nada, es una pena que a los liberales no les dejen aplicar sus teorías, nos iría a todos mejor. Seguro.

Kiko, bitacorero.

Señor Gonzalo, al utilizar el ejemplo del atraco al banco estaba metaforizando, supongo que es bastante evidente, si no lo es, se lo afirmo ahora.

El dinero se usa también para empobrecer a la gente y no creo que eso sea lícito. Todo es susceptible de ser bien o mal usado, un cuchillo puede ser usado para cortar chorizo y repartir bocadillos a la gente, puede ser usado para amenazarla, o incluso para matarla. Véase lo mismo para un coche, una piedra o cualquier otra cosa.

Según la teoría "padre", que podamos decir, del liberalismo, más bien del neoliberalismo (por que el liberalismo de la mano de Stuart Mill, en vía de una lógica evolución , devino en crear junto con la socialdemocracia lo que hoy se llama Estado de Bienestar, que casualmente ha coincidido con la época de mayor avance del mundo occidental), existe una mano invisible que es la que regula el mercado, dicho mercado, el mercado perfecto, para ser eso, se basa en una premisa fundamental, que todo el mundo tenga información. Desde el punto de vista en que se tuerce esa mano, léase pasapisero o lo que usted quiera entender, se esta tergiversando el fundamento de todo ese sistema, por lo que el sistema genera exclusiones.
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Y quien queda excluido?, pues queda excluido el que no tiene información privilegiada, la persona que no tiene información, osease el "no pasapisero" se ve abocado a realizar un esfuerzo adicional en base a mantener los beneficios de alguien que esta alterando la lógica de mercado digamos que el "pasapisero".

Esto por un lado. Por otro lado para que existan las inmobiliarias, se supone que si se llevan un beneficio se pueden hacer cargo de garantizar la seguridad que según usted buscan esas personas que no quieren comprar sobre el aire, lo que me parece lógico visto que sucede, con diversas estafas que se producen por estos lares.

Por otra parte al comprar sobre plano lo que se deja es una señal, no creo que eso evite que se tengan que pagar esos créditos que usted dice, mas bien el promotor, o constructor, según el caso, supongo que tendrá que seguir haciendo frente a sus créditos hasta la entrega de la vivienda.

Digo yo, que en una época en que está de moda prohibir, pues un poco de esta medicina en el sector no vendría mal.

Respecto a las carreteras, estaremos de acuerdo que estas son necesarias para el desarrollo de cualquier país, por lo que no me negara la inevitabilidad de las expropiaciones. Y no me refiero a la carretera que le lleva a su chalecito, que da lo mismo que tenga curvas o no, mas bien las tendrá, en lógica de que las expropiaciones que haya que hacer para construirla afecten al numero menor de personas posible. Sino que me refiero a las carreteras por las que se mueve la inmensa mayoría de la actividad económica de este u otros países.
¿Usted sabe lo que cuesta hacer un estudio de viabilidad de una carretera de envergadura, autovía o autopista?, ¿usted sabe lo que cuesta realizar el proyecto de la misma?

Se cree usted que es posible negociar un precio con mil, dos mil afectados a los que una carretera atraviese sus fincas? ¿Cuánta gente habría que contratar para llevar a cabo dichas negociaciones?

¿si uno se niega y tenemos que irnos a la finca de al lado, tenemos que volver a negociar todas las fincas a las que afecta ese cambio de proyecto? ¿qué hacemos modificamos el proyecto y nos vamos a otro trazado y volvemos a empezar el ciclo? ¿cuándo acabamos en el infinito?

Creo que propone usted una Torre de Babel.

Por lo demás no creo que nadie este a favor de una expropiación, sino que esta se contempla como un mal necesario e inevitable, por lo que simplemente habría que procurar que la misma fuese lo menos dañina posible.

Creo que en eso estamos todos de acuerdo.

Creo señor Gonzalo que nada usted en las corrientes del dogmatismo, no hay mas que ver las últimas líneas de su post.

Respecto a las VPO (gracias imperialista por tu explicación), aun aceptando que encarezcan las viviendas de su entorno, que no se en que porcentaje lo encarecerán, creo que cumplen una función social, se trata de que todos podamos mejorar. ¿por que en vez de pasarnos el día despotricando no pedimos que se regulen adecuadamente? ¿o es que alguien esta esperando que quizás le toque alguna?. La verdad es que visto como se reparten no puede uno más que relativamente escandalizarse un poco, pero ¿por qué no se regulan adecuadamente?

¿No se puede estudiar el patrimonio de los solicitantes y el de su familia directa? ¿por que no se prohíbe su venta y alquiler en un plazo digamos de 15-20 años?, por que supongo que si alguien la pide es porque la necesita, y si alguien la necesita no creo que necesite venderla ni especular con ella, y si alguien lo hace seguro que hay alguien que la necesita mas, por lo que no habría mas que aplicar las medidas necesarias, léase multas astronómicas tan de moda últimamente para asuntos bastante más intrascendentes, o que esa persona sea obligada a cederla a otra mediante la oportuna compensación por lo invertido.

Cuando a uno le sale una úlcera de estomago no creo que nadie se dedique a extirparlo, sino a aplicar los remedios necesarios para el alivio o curación de la misma, léase que opino lo mismo sobre las VPO.

Conste que no vivo en ninguna y me he tenido que buscar la vida como la mayoría de la población.

Para finalizar, me parece escandaloso que una vivienda de dos habitaciones, que en Madrid costaba hace seis años 14 millones hoy no se encuentre por menos de 40 millones de pesetas, es decir mas del triple de precio, máxime cuando los sueldos de la mayoría de la población se encuentran prácticamente al nivel de esos años, eso si han conseguido subir lo que ha subido el IPC oficial durante estos años.

Simplemente, entrando